El exministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier
Alvarado Ochoa ha sido arrestado en Madrid por agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) y hoy pasará
a disposición de la Audiencia Nacional (AN).
El magistrado de la AN Ismael Moreno, titular del Juzgado
Central de Instrucción número 2, investiga a este exmiembro del gobierno de
Hugo Chávez en el marco de una causa que implica a la empresa de ingeniería
Duro Felguera por presuntos pagos de comisiones y sobornos de este grupo
asturiano a políticos de Venezuela.
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| Esta empresa asturiana está involucrada en el pago de al menos 2.700 millones de dólares por concepto de sobornos. |
El juez de la AN imputa indiciariamente presuntos delitos de
corrupción internacional y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó en 2015 a partir de un informe del
Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que detectó «indicios
de criminalidad» por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que
eran clientes los supuestos políticos sobornados.
También se investiga al exviceministro de Energía hasta 2006
en Venezuela Nervis Gerardo Villalobo y a su mujer Milagros Coromoto, entre
otros.
Esta causa parte de una querella de Anticorrupción en la que
se investiga la firma una serie de contratos con entidades y personalidades
relacionadas con el Gobierno venezolano entre 2008 y 2011 para presuntamente
encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos
para favorecer los intereses de la empresa.
A través de tres contratos de prestación de servicios de
asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingeniería
Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) -también querelladas por estos
delitos-, los responsables de Duro Felguera habrían entregado al menos 105,62
millones de dólares (89,08 millones de euros) al entonces miembro del Ejecutivo
de Hugo Chávez Nervis Villalobos, y también querellado, para que utilizase su
capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la
compañía.
La empresa española firmó en 2009 un contrato con la
venezolana C. A. Electricidad de Caracas (EDC), empresa pública filial de
Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de la central de ciclo
combinado de Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros.
El proyecto se enmarcaba dentro de los planes de la
administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica
de Caracas y su área de influencia.
Entonces el presidente de EDC era Javier Alvarado Ochoa,
quien ocupó el cargo hasta 2010, cuando fue nombrado viceministro de Desarrollo
Eléctrico.
Dos de los tres contratos denunciados por Anticorrupción
fueron firmados el 3 de diciembre de 2008 en Caracas entre Técnicas Reunidas
Terca y Duro Felguera, y en ellos intervinieron el venezolano Luis Barrios
Melean y Francisco Martín Morales de Castilla (representando a Duro Felguera),
contra quienes también se dirige la querella.
EL SUPREMO VENEZONALO AVALÓ EN NOVIEMBRE PEDIR A ESPAÑA SU EXTRADICIÓN Y LA DEL EXMINISTRO NERVIS VILLALOVOS
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló el pasado
noviembre pedir a España la extradición de Javier Alvarado Ochoa y del
exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos para que sean sometidos
en territorio venezolano a un proceso penal por la presunta comisión de los
delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de
capitales y asociación.
Villalobos y Alvarado fueron imputados el pasado septiembre
por la magistrada Canòlic Mingorance, del Juzgado de Instrucción número 1 de
Andorra, junto a otras 26 personas por un presunto expolio de 2.000 millones de
dólares a la petrolera estatal
venezolaba Petróleos de Venezuela, entre 2007 y 2012.
El exviceministro Villalobos fue detenido en Madrid a
mediados de octubre de 2018 por supuesto lavado de dinero proveniente de
sobornos de Petróleos de Venezuela en una promoción de viviendas unifamiliares
en Marbella.
Este supuesto blanqueo lo habría realizado junto a otras
tres personas por medio de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio
social en Madrid.
En la operación contra Villalobos se embargaron 115
inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un
hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el
madrileño barrio de Salamanca.
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