Con solo un vistazo a las fotografías de satélite de la NASA
tomadas la noche del 7 de marzo, es posible observar la fuente inmediata del
apagón nacional que dejó paralizada a Venezuela durante una semana: dos
pequeños incendios, peligrosos por haberse iniciado muy cerca de algunas líneas
esenciales de transmisión de energía eléctrica.
Si la imagen se abre, es posible observar Caracas, la
capital de Venezuela, sumida en total oscuridad. El lunes 25 de marzo, otro
apagón volvió a oscurecer Caracas y otras 16 entidades. El gobierno venezolano
ha dicho que los apagones son culpa de múltiples ciberataques, pero por décadas
—durante las presidencias de Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez—, el
sistema eléctrico ha sido desatendido.
Para identificar las causas reales por las que Venezuela
tardó al menos cuatro días de marzo en restablecer el suministro de energía
eléctrica, hace falta una visión más amplia que incluya a Estados Unidos. Sin
duda, Chávez y Maduro son responsables de haber puesto al país en esta
situación. No obstante, las sanciones económicas impuestas por el gobierno
estadounidense han dejado al régimen de Maduro sin la capacidad de resolver la
crisis eléctrica por su cuenta.
Las causas del primer apagón ahora son muy claras. Un
informe exhaustivo escrito por el director de la Escuela de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela muestra que el apagón ocurrió
a consecuencia de un incendio iniciado cerca de las tres líneas de transmisión
de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico de Guri, en la región sureste
de Venezuela. Ese complejo cuenta con varias represas y estaciones eléctricas
que producen en conjunto un 80 por ciento de la energía exportada al sistema nacional;
por lo tanto, su desconexión puede producir un apagón nacional.
La falta de poda adecuada de la vegetación pudo haber
aumentado las probabilidades de incendio, aunque este tipo de fenómenos pueden
iniciarse casi en cualquier lugar. También hay que recordar que no se trató del
primer apagón nacional ocurrido en Venezuela. En suma, el problema no radica
tanto en el hecho de que haya ocurrido un apagón, sino en que las autoridades
tardaron más de cuatro días en resolverlo.
Para reanudar el funcionamiento del sistema, es necesario
activar los generadores de la represa y subestaciones ubicadas en lugares
distantes del país. El problema es que solo alrededor de una quinta parte de la
capacidad de generación térmica del país estaba en operación al momento del
apagón, por lo que fue prácticamente imposible cubrir con generación térmica el
faltante de la hidroeléctrica. Al parecer, la falta de una fuente de energía
alternativa y de trabajadores especializados, así como el deterioro del equipo
y algunas deficiencias sencillas en la administración, se conjugaron para
prolongar el apagón.
Sin embargo, las sanciones económicas impuestas por Estados
Unidos también han jugado un rol. En primer lugar, una de las razones por las
que algunas de las plantas eléctricas no estaban en operación es la falta de
combustible para su funcionamiento. Muchas de estas plantas utilizan diésel,
que Venezuela importaba de Estados Unidos antes de que el gobierno de Donald
Trump prohibiera su venta en enero. Así que no es ninguna sorpresa que muchas
de las plantas térmicas del país que emplean diésel hayan estado inactivas un
mes después.
Peor aún, el enorme sector eléctrico de Venezuela depende en
gran medida de partes y servicios obtenidos a través de empresas
internacionales. General Electric (GE) y Siemens fabrican la mayoría de los
generadores eléctricos empleados en la industria petrolera de Venezuela y gran
parte del equipo principal utilizado en las plantas hidroeléctricas del país.
Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, en agosto de
2017, dejaron al gobierno sin la capacidad de pagarle a estos proveedores
extranjeros.
Por lo tanto, el país se vio imposibilitado de mantener o
remplazar sus generadores eléctricos y comenzó a explotar más las fuentes hidroeléctricas
del país, con el consiguiente aumento del riesgo de sobrecargar el sistema. La
producción petrolera de Venezuela también se fue en picada: la tasa de
disminución en la producción se disparó a más del triple tras las sanciones de
2017. Esta presión agravó la crisis de efectivo del gobierno.
De cualquier forma, tampoco se puede concluir a la ligera
que las sanciones hayan sido algo más que un factor secundario en las causas de
los cortes masivos de electricidad que sufre Venezuela. Es evidente que la
escasa inversión, la falta de mantenimiento y la crisis económica del país,
acentuadas por la corrupción y los absurdos subsidios a la electricidad, son
las principales causas. En este sentido, Chávez y Maduro sin duda son los
principales responsables del derrumbe del sector eléctrico.
Para tener una conversación significativa sobre el efecto de
las sanciones, es vital distinguir entre las causas del fenómeno y sus
soluciones. Si bien puede decirse que la responsabilidad por los apagones, en
general, recae en Chávez y Maduro, es imposible resolverlos si no se eliminan
las restricciones que le impiden al gobierno contratar a empresas extranjeras y
pagarles para que se encarguen del mantenimiento y las reparaciones del sistema
eléctrico del país. No solo Maduro sino también Juan Guaidó y Donald Trump
controlan las palancas necesarias para resolver la crisis energética actual.
Las sanciones estadounidenses más recientes a la industria
petrolera venezolana les impiden legalmente a las empresas de Estados Unidos
realizar negocios con la petrolera estatal de Venezuela. Al mismo tiempo, las
empresas que no son estadounidenses están amenazadas de sanciones secundarias
si hacen negocios con el régimen de Maduro. La mayoría de las cuentas bancarias
de Venezuela en Estados Unidos y Europa se encuentran bloqueadas o bajo control
de personas designadas por Guaidó, por lo que Maduro no puede utilizarlas para
pagar los servicios de empresas que necesitaría contratar para mantener la red
eléctrica del país y hacer las reparaciones necesarias.
Si no se resuelve pronto el estancamiento político del país,
la única opción para evitar que la crisis eléctrica continúe y se agrave será
que las facciones políticas venezolanas rivales convengan en actuar de manera
conjunta para aportar y manejar los recursos necesarios. Un primer paso podría
ser que ambos bandos convengan en designar a una fuerza de trabajo
independiente.
Cualquier propuesta de cooperación entre las facciones
políticas del país será anatema para sus partidarios de línea dura, y es probable
que se descuente por ser, en el mejor de los casos, irrealista. Sin embargo,
incluso en tiempos de guerra, los ejércitos abren paso para proteger a quienes
no participan en el combate y permitir el paso de organizaciones de ayuda para
rescatar a los heridos. A menos que los actores políticos del país logren
ponerse de acuerdo y pongan la vida de los ciudadanos comunes y corrientes por
encima de sus propios objetivos políticos, los venezolanos enfrentarán tiempos
todavía más sombríos.
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