El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente este jueves
a Luis Motta Domínguez, exministro de la Energía Eléctrica y presidente de la
Corporación Eléctrica Nacional, SA. y a
Eustiquio José Lugo Gómez, (exdirector de adquisiciones de Corpoelec) de haber
participado en un esquema de corrupción que involucró el cobro de sobornos a
empresas ubicadas en el estado de la Florida para lograr negocios con el Estado
venezolano.
Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez se les señala de
haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero tras recibir
sobornos de dos contratistas a cambio de contratos millonarios de Corpoelec.
La acusación, dada a conocer por la Fiscalía del Distrito
Sur de la Florida, se produjo tras las declaraciones de culpabilidad de los
contratistas, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad a principios de
esta semana, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de
corrupción en Corpoelec.
El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la
División Criminal del Departamento de Justicia; Ariana Fajardo Orshan del
Distrito Sur de Florida y el agente especial de la División de Campo de la
Administración de Control de Drogas de Miami (DEA Miami), Adolphus P. Wright
dieron a conocer un comunicado donde se
señala que los dos exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron
acusados formalmente por corrupción y lavado de dinero.
La demanda contra Motta Domínguez y Lugo Gómez incluye ocho
cargos, entre ellos el de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación formal alega que a partir de enero de 2016 (o
alrededor de esa fecha) y hasta diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con
otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal hacia y desde
cuentas bancarias ubicadas en el sur de la Florida.
De acuerdo con la acusación, Motta y Lugo otorgaron a tres
empresas con sede en la Florida más de $60 millones en contratos de compra con
Corpoelec a cambio de sobornos que las empresas involucradas pagaron a
sabiendas que era ilegal y que violaba las leyes estadounidenses.
La demanda alega que el plan de sobornos violó la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero pues involucra delitos de soborno contra
Venezuela.
Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de
los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de los
Estados Unidos utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de
Florida.
El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto
Chacín Haddad se declararon culpables ante la Jueza de Distrito de los Estados
Unidos, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur por un cargo de conspiración para violar diversas disposiciones
de la FCPA. Veroes y Chacín serán sentenciados el 4 de septiembre de 2019.
De acuerdo con las admisiones hechas en sus respectivos
acuerdos de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros
co-conspiradores hacer pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec
a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en
Florida. Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se
exigirá a Veroes y Chacín que pierdan al menos $5.5 millones en ganancias de
los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también de bienes raíces
en el área de Miami.
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