El
especialista en investigaciones sobre corrupción y legitimación de capitales, Pedro Lupera Zerpa, @palzerpa, utilizó
su cuenta de Twitter para publicar algunas de las irregularidades cometidas por
el régimen chavista-madurista en la
construcción de la Central
Hidroeléctrica Manuel Piar. (Proyecto Tocoma)
El
funcionario actualmente en el exilio, explicó que un equipo de la Fiscalía 55
Nacional se ha dedicado a investigar este caso el cual, según las cláusulas
Tercera y Cuarta del contrato firmado entre el Estado venezolano y la
constructora brasileña Odebrecht el 19 de marzo de 2007, la obra debía de haber sido culminada en junio de
2013 y habría aportado 2.160 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional.
De acuerdo
con el contrato principal signado bajo N°1.1.104.003.05, se encarga la
“construcción de las estructuras principales de concreto, suministro e
instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa
izquierda, construcción de la variante del ferrocarril y construcción de la
plataforma para la subestación Tocoma” a la empresa CVG Electrificación del
Caroní C.A. (CVG Edelca),
representada por su entonces presidente encargado, el general Hipólito Luis Izquierdo García; y Consorcio OIV-Tocoma, conformado por las empresas CBPO Engenharia
Ltda. y la Constructora Norberto Odebrecht.
En el
documento también figuran las empresas Impregilo
S.P.A, representada por el italiano Vincenzo
Roberti, y Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. (Vinccler, C.A.), del venezolano Juan Francisco Clerico Avendaño.
Igualmente, aparecen en el acta de inicio del proyecto Ángel Lombano Olivares, en calidad de gerente de la Dirección de
Expansión de Generación de la CVG Edelca, y Estevao Timponi Franca, en su carácter de director de Proyecto por
el Consorcio OIV-Tocoma.
Lupera Zerpa
asegura que el Estado desembolsaría para el proyecto la cantidad de 263.384.534,21 de dólares, más un
componente nacional por un monto de 1.515.839.477.931,63 bolívares (anteriores
a la reconversión monetaria de 2008), cambiados a la tasa oficial de aquel
entonces, de 2.150 bolívares por dólar.
Según una
Comisión Mixta formada por la Asamblea Nacional en 2017, el mayor peso sobre el caso Tocoma recae en el Consorcio OIV, del
cual un 50% de sus acciones corresponde a Odebrecht.
Dicha comisión determinó que se había producido un desfalco de más de 3.000 millones de dólares, por lo que declaró
responsabilidad política a los exministros de Energía Rafael Ramírez, Alí Rodríguez Araque, Jesse Chacón, Argenis Chávez,
Nervis Villalobos y Javier Alvarado,
así como al entonces jefe del Estado Mayor Eléctrico, Aristóbulo Istúriz.
El proyecto Tocoma estaría situado en el
bajo río Caroní, en el estado Bolívar,
a unos 18 kilómetros aguas abajo de la Central
Hidroeléctrica del Guri y junto a esta y las represas de Macagua y Caruachi, formaría el complejo hidroeléctrico del bajo Caroní, aportando la generación de
2.160 megavatios (mw) para potenciar el Sistema Eléctrico Nacional.
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