Transcurridos
los primeros siete meses de 2019, la situación ha empeorado por el agravamiento de la crisis eléctrica,
que afecta la prestación del resto de los servicios, sobre todo el suministro
de agua potable. Asì se desprende del boletín
sobre la situación general de los derechos
humanos en el Zulia relativo a la prestación de servicios públicos, emitido
por la Comisión para los Derechos
Humanos del Estado Zulia (Codhez).
La
vida en el Zulia está enmarcada por los cortes
eléctricos diarios, que según el gobierno regional, se trata de un plan de
provisión diaria de servicio por doce horas que aún no tiene fecha de término.
La ejecución de este plan ha resultado irregular,
no solo porque es variable la cantidad de horas, sino porque el servicio es deficiente, debido a las constantes alteraciones de voltaje y la
continuidad de los apagones generales.
La
prestación del servicio a cargo de la empresa estatal Hidrológica del Lago de
Maracaibo (Hidrolago) representa un problema constante para la población del
Zulia. Las fallas eléctricas afectaron
los componentes de motores y bombas de la estación de bombeo Tulé, la
principal fuente de agua de la costa occidental del Lago.
Héctor
Soto, secretario de Aguas de la gobernación, en declaraciones del mes de junio,
informó que la estación de bombeo Tulé había sido “muy golpeada” por las fallas de electricidad, pues “en dos o tres
ocasiones en promedio, al día, sale fuera de servicio”, lo que se traduce en
50% de menos caudal.
En
este sentido, Codhez exige la
observancia del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de obligatorio cumplimiento
para el Estado venezolano, cuyo artículo 11 prevé “el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”
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