El año 2008 inició una crisis eléctrica que llevó al
gobierno de Chávez a buscar soluciones rápidas que solventaran la situación, para ello buscaron empresas en países con filiaciones
políticas; España fue uno de ellos y sus empresas lograron juntar más de 6
mil millones de dólares a partir de pagos de sobornos y actos de corrupción.
Las cifras surgen de un
detallado estudio realizado por especialistas de la Universidad Simón Bolívar
(USB) con sede en Caracas, y de documentos gubernamentales a los que Primer
Informe tuvo acceso y develó hace algún tiempo.
De acuerdo al estudio de la USB, que por procedimiento sólo
se limitó a analizar la capacidad
“contratada” por el régimen en la llamada “emergencia eléctrica nacional”
2008-2015, sin revisar la ejecución de tales contratos, China y Cuba no
fueron los mayores receptores de contratos con el régimen chavista.
Las empresas españolas recibieron poco más de $6,000 millones a través de cuatro firmas. La más
beneficiada de estas cuatro firmas fue la cuestionada Duro Felguera ($2.73 mil
millones), seguida de Elecnor ($2.45 mil millones). Las dos restantes
recibieron montos moderados: TSK facturó $740 mil, mientras que Gamesa firmó
contratos por $160 mil.
El caso Duro Felguera sigue en investigación en España
La constructora Duro Felguera, liderada por el español Ángel
del Valle, y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán recibieron más de 2.000 millones de dólares por la construcción de una
planta que nunca estuvo construida para trabajar a pleno rendimiento. La
empresa asturiana construyó para el gobierno de Hugo Chávez desde el año 2008
una central termoeléctrica mal diseñada, con graves problemas operativos y con
sobreprecios de un 400% en relación con su capacidad generadora.
La planta de electricidad por la que la constructora recibió grandes sumas de dinero y por la cual está
siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción en España, nunca estuvo
diseñada para alcanzar la capacidad de generación para la cual fue contratada.
La central contó con graves errores en el diseño y construcción, según
concluyeron en 2016 los informes elaborados por la asamblea nacional (en manos
de la oposición) que investigaron el pago irregular en los contratos mil
millonarios entregados durante el régimen chavista.
“El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera
para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el
10%. El pago de comisiones fue en
detrimento del diseño y la calidad de la obra provocando graves problemas con
las tuberías de enfriamiento”, declaró Julio Montoya, diputado venezolano
que denunció a la constructora española.
“Si medimos el coste
por kilovatio generado, la planta tuvo un sobrecoste del 400% en relación con
las plantas de similares condiciones en otras partes del mundo. Pero los
sobrecostes alcanzaron el 2.000% en algunas áreas del proyecto”, agregó el
diputado Montoya.
¿Cómo lograron los contratos en Venezuela?
La empresa española firmó
en 2009 un contrato con la venezolana C. A. Electricidad de Caracas (EDC),
empresa pública filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la
construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro, por un importe de
más de 1.500 millones de euros.
El proyecto se
enmarcaba dentro de los planes de la administración venezolana para atender
el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia.
Entonces el presidente de EDC era Javier Alvarado Ochoa, quien ocupó el cargo hasta 2010, cuando fue
nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico.
Dos de los tres contratos denunciados por Anticorrupción fueron firmados el 3 de diciembre de 2008
en Caracas entre Técnicas Reunidas Terca y Duro Felguera, y en ellos
intervinieron el venezolano Luis Barrios Melean y Francisco Martín Morales de
Castilla (representando a Duro Felguera), contra quienes también se dirige la
querella.
En España continúa la investigación
El magistrado español Ismael
Moreno, mantiene una causa abierta en contra del grupo empresarial
internacional con sede en Asturias (norte de España) Duro Felguera por
sobornos a altos funcionarios venezolanos.
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