El sexto apagón masivo que sufre Venezuela, ocurrido el pasado 22 de julio, vuelve a poner de relieve el lugar que ocupan los responsables no sólo de la crisis eléctrica en el país, sino también de la explotación descontrolada del oro, y la transferencia de importantes recursos financieros a Cuba, en operaciones desconocidas hasta ahora, según muestran documentos inéditos a los que tuvo acceso Primer Informe.
En la primera línea de protagonismo está Rafael Ramírez Carreño, quien desde julio de 2002 fue ministro de Energía y Minas que luego pasó a llamarse en enero de 2005 Ministerio de Energía y Petróleo y también en simultáneo fue presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) de 2004 a septiembre de 2014. Bajo su conducción, en el que se vivió el período con los más altos precios del petróleo en la historia venezolana, se produjeron los cambios más importantes en el sistema eléctrico venezolano y al mismo tiempo se iniciaron los planes para el desarrollo de la minería y la producción de oro.
Luego de la muerte de Hugo Chávez, fue designado embajador de Venezuela en las Naciones Unidas entre 2014 hasta 2017 cuando fue destituido por Nicolás Maduro; lanzado al ostracismo y al exilio por sus críticas a la gestión del sucesor designado por Chávez. Hoy Ramírez se encuentra en una localidad no identificada presumiblemente de Italia.
Desde 2007, Ramírez concibió y puso en marcha un complejo y costoso proceso para desmantelar la infraestructura eléctrica basada en la capacidad hidroeléctrica del país, para darle prioridad, en cambio, a una superestructura de plantas termoeléctricas que cambiaron el panorama eléctrico nacional desde entonces.
Al final, en un período que abarcó 8 años, entre 2008 y 2015, el gobierno venezolano destinó una cifra sin precedentes de unos $34.000 millones para adquirir equipos y construir la nueva infraestructura a más de dos docenas de empresas nacionales y extranjeras.
Al mismo tiempo, suministró fondos a gobiernos extranjeros para impulsar modelos similares, lo cual supuso un gasto de unos $6.000 millones, según estimaciones independientes.
Entre las empresas que recibieron más fondos destacaron una firma de Brasil, tres de China, cuatro de España y una corporación controlada por Cuba, entre otras. Muchas de esas operaciones se hicieron a través de firmas financieras para mover el dinero a través de la banca internacional.
Según aprecia Transparencia Venezuela, durante la gestión de Ramírez como ministro de Petróleo y Energía, se nacionalizaron las empresas privadas del sector eléctrico. El caso emblemático fue la compra por US$ 740 millones de La Electricidad de Caracas por parte de PDVSA, que luego dio origen a Corpoelec. Con Ramírez se afianzó un ciclo de deterioro del sector, por corruptelas y fallas en mantenimiento. En 2009 comenzaron producirse los apagones de envergadura que llegaron a paralizar a gran parte del país.
La Asamblea Nacional en octubre de 2016 aprobó el informe final de una investigación sobre la caída del sistema eléctrico (Expediente 1648) que concluye que durante la gestión de Ramírez, entre 2004 y 2014, se generó un daño a la nación superior a US$ 11.000 millones.
Operaciones en Andorra
Un caso emblemático durante su gestión fue la del funcionario Nervis Villalobos, ingeniero eléctrico, quien comenzó su carrera en Enelven, llegó a ser director general de Energía durante la presidencia de Alí Rodríguez Araque en PDVSA. Con Rafael Ramírez fue viceministro de Energía Eléctrica, se encargó de los planes para el incremento de la generación eléctrica y ministro (E) de Energía y Petróleo en ocasión de viajes de Ramírez.
Tras ser destituido como viceministro de Energía y Minas, Villalobos se desempeñó como “asesor internacional independiente en materia energética” entre los años 2006-2015. Ramírez lo contrató en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”, un cargo en el que operó como gestor en la compra de plantas de generación eléctrica.
Las investigaciones que Estados Unidos y España han llevado a cabo develan que Villalobos, durante su estancia en la estatal petrolera, cobró comisiones millonarias y sobornos por conseguirle a empresas extranjeras licitaciones y contratos con la petrolera venezolana; dinero que más tarde sería blanqueado en una cuenta en el Principado de Andorra.
Una propina de 99.980 euros transferida desde Andorra a un trabajador de un hotel de París, por el grupo de venezolanos conocidos como “grupo Salazar”, en alusión al operador de seguros petroleros Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, del cual formaba parte Villalobos, fue el inicio en 2010 de las investigaciones en Andorra.
En octubre de 2017 fue detenido en España por una orden de captura de Estados Unidos por su participación en un plan de soborno en PDVSA. En septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su vinculación con el blanqueo de capitales a través de una red que cobró entre 2007 y 2012 millonarios sobornos a cambio de contratos. Villalobos movió en Andorra 124 millones de euros, según la policía de este principado. En octubre de 2018 fue detenido por blanquear 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid. Se le incautaron 40 casas de lujo en Marbella (Málaga). A la red le congelaron 115 inmuebles (hoteles, bloques de apartamentos y pisos). Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Española señala que utilizó sus vínculos con empresas internacionales para lavar 53,4 millones de dólares.
Según fuentes vinculadas a la investigación, Ramírez estuvo vinculado a las operaciones de Villalobos ya que las operaciones pasaban por el despacho presidencial de Pdvsa, bajo control de Ramírez.
Ramírez justifica plan eléctrico
Rafael Ramírez también se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Económica del gobierno de Venezuela en octubre de 2013. En entrevista concedida al portal Contrapunto, dijo que las fallas en el sistema eléctrico comenzaron en 2008, después de que “nos dimos cuenta de que empezaba un problema de generación y transmisión eléctrica porque existía un aumento importante de la demanda que tenía que ver con el crecimiento económico. Se incrementó la demanda 20% en ese período. Teníamos una demanda nacional de 18.500 a 19.500 megavatios. Comenzamos un plan para introducir generación termoeléctrica”.
Ramírez admitió que “no había una visión de la política eléctrica unificada y el servicio era de muy mala calidad. Eso no se sentía en Caracas porque estaba la Electricidad de Caracas, en Valencia Electricidad de Carabobo y Enelven en el Zulia que siempre tuvo un buen desempeño. Cuando se crea Corpoelec, las empresas privadas no fueron nacionalizadas, se adquirieron y se pagaron para poder unificar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La idea era que las fortalezas de la industria eléctrica en algunas regiones pudieran aprovecharse en todo el país. Pero comenzó un manejo inadecuado a mi parecer y se adoptó una organización distinta en el tema operacional: se introdujo el control obrero y la cogestión”.
Sin embargo, la realidad era muy distinta, según numerosos reportes de prensa.
El proceso de transformación de la política eléctrica durante la era de Chávez y Ramírez, “incluyó la destrucción de instituciones y empresas como Edelca, Cadafe, La Electricidad de Caracas C.A. y tres compañías privadas más, todas adquiridos por 1.195 millones de dólares. Así como el desmembramiento de 14 empresas públicas dedicadas a la electrificación en las regiones”.
“Hugo Chávez hizo cumplir el esquema de Rafael Ramírez que consistió en reemplazar la solución del déficit en el margen operacional del sistema eléctrico, como se diseñó hace décadas, en base a la hidroelectricidad, reemplazándolo por la supuesta creación de 17 centrales termoeléctricas. Alimentadas con derivados que en el futuro PDVSA no podría garantizar”, escribió el analista financiero Orlando Zamora.
“Con el experimento de Rafael Ramírez se abandonan los viejos planes de dotar a buena parte del territorio nacional con grandes líneas que van desde los 800 KV hasta los 230 KV, infraestructura de mayor envergadura que pierde relevancia por las supuestas soluciones regionales que emplean termoeléctricas que usan líneas de menor transmisión de voltajes y que ameritaba menores desplazamientos de tendidos de líneas”, acotó Zamora.
Las negociaciones del oro
Además de ser el responsable de las políticas eléctricas, Rafael Ramírez, como presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas, participó decisivamente en las estrategias del régimen de Hugo Chávez para sacar provecho a las reservas de oro del Banco Central para obtener fondos, de acuerdo a acuerdos secretos en documentos obtenidos por Primer Informe.
En varias propuestas presentadas a Ramírez a fines de 2011, la firma de inversiones suiza Tempest presentó un plan de financiamiento para presuntamente desarrollar proyectos de explotación de oro en diciembre de 2011, cuando Chávez aún vivía.
En ese momento el gobierno chavistas ya controlaba el más importante reservorio aurífero en el sur del país, en la zona de Las Cristinas, cuya infraestructura había sido expropiada en 2008 a importantes multinacionales.
Las expropiaciones auspiciadas por Hugo Chávez generaron una masiva invasión de mineros ilegales sobre las zonas explotadas bajo concesión por las multinacionales canadienses como Crystalex, Gold Reserve y Minería Rusoro, entre otras. La minería ilegal fue tomando más territorios en la región hasta convertirse en bandas armadas, crimen organizado y venta internacional ilegal del oro, tal como se conoce hoy en esa región, con la incursión, incluso de grupos armados colombianos como los casos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) disidentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La minería ilegal se estima que hoy alcanzan a unas 40 mil personas dedicadas a la explotación y tráfico ilegal. En ese negocio han participado también factores del Gobierno, militares y socios en el exterior que registran compañías de maletín para colocar el oro en el exterior.
Ramírez sostuvo encuentros con representantes de Tempest, que también representaban al banco suizo UBS, para discutir un plan de financiamiento por $3,500 millones en un plazo de 10 años, para financiar “planes de desarrollo y operativos par ala industria de la minería del oro”.
El plan incluía la formación de un Joint Venture con 55.1% controlado por el gobierno venezolano, y el 44.1% controlado por la empresa RusMining BVI Ltd., para la explotación de dos grupos de minas y depósitos de oro.
“En primer lugar, las minas actualmente en operación por la minería Rusoro que se encuentran en el distrito de El Callao (Choco 10, Isidora, Increíble 6, Twin Shear), las minas en el distrito de El Dorado (San Rafael, El Placer, Emilia, Trinidad), distritos Cuyuni (Valle Hondo) y KM 88 (Yuran)”, indicó el documento.
“En segundo lugar, las concesiones de Las Cristinas *Cristina 4, 5, 6 y 7) situadas cerca del KM 88”, puntualizó.
Como garantía, el documento indica que el gobierno venezolano debía poner en custodia del banco UBS un total de 2.25 millones de onzas de oro del Banco Central de Venezuela que debían ser depositados en una cuenta custodia. El préstamo tendría un interés anual variable de 4.85%.
El financiamiento tendría una serie de costos que se detallan en el documento: 2% como “cargo inicial del crédito”, unos $70 millones; luego 5% del total para la “comisión del arreglista (sic)”, presumiblemente el intermediario, una comisión que representaba $175 millones. Y un importe del 1.5% por comisión de custodia del oro. Finalmente, los costos por honorarios legales ($9.5 millones), y “desembolsos y gastos de investigación (due diligence)”, de $4.25 millones.
En total, para otorgar el préstamo de $3,500 millones, debían pagarse en comisiones, importes, gastos legales y de investigación, un total combinado de $311.25 millones.
Otros gastos no considerados incluían el pago de 0.15% anual “basado sobre el importe pendiente/restante de oro, pagable en adelantado anualmente, comenzando el primer aniversario de la fecha de cierre”.
En un segundo documento, Tempest presentó un cronograma de pagos para devolver el préstamo en onzas de oro de la siguiente manera:
En el primer año, un pago de 70,000 onzas; en el segundo año, 100,000 onzas; en el tercer año, 150,000 onzas; en el cuarto año 230,000 onzas; en los años quinto y sexto, 250,000 onzas respectivamente; y del año séptimo hasta el décimo, 300,000 onzas anuales.
Las onzas iban a ser descontadas de un depósito de 2.25 millones de onzas que el gobierno venezolano debía depositar en UBS como “colateral”, al inicio de la transacción financiera.
Ninguna parte de estas negociaciones encabezadas por Ramírez fue hecha pública. Tampoco se supo el destino final de las negociaciones y de los recursos para el financiamiento de la explotación de oro.
Coincidencialmente, ese mismo año Chávez ordenó sacar todo el oro depositado por el Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra y otras instituciones financieras europeas, un total de 211 toneladas por un valor de $11,000 millones. Presuntamente, parte de ese oro fue transferido a UBS para respaldar el préstamo de $3,500 millones.
La actividad de explotación de oro que originalmente estaba a orientada a estimular la participación de multinacionales, sufrió posteriormente una transformación caótica que abrió las puertas a bandas armadas criminales que actualmente controlan las zonas del llamado Arco Minero.
Estos acuerdos, así como los posteriores, a partir del llamado proyecto del Arco Minero, no fueron respetados por el gobierno de Maduro, de allí las demandas que hoy cursan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que afectan el patrimonio nacional. Igualmente, nunca se informó del destino de los recursos que en su momento, presuntamente, fueron invertidos por estas empresas en proyectos que no se desarrollaron.
Si bien el Tribunal de Apelaciones de París confirmó la decisión del tribunal en cuanto a la responsabilidad de Venezuela en la expropiación ilegal de las inversiones de Rusoro, anuló la concesión del Laudo sobre la condena en daños que ascendía a 1,2 billones de dólares. La canadiense explica que: “la decisión de la Corte francesa no afecta a la obligación de Venezuela de pagar a Rusoro al menos US $100 millones como pago parcial por las inversiones expropiadas en virtud del Acuerdo celebrado entre ellos en octubre de 2018″. Asimismo, la minera manifiesta su: “intención de buscar enérgicamente todos los recursos disponibles para restablecer la resolución del Laudo sobre daños en su totalidad u obtener una compensación justa por la expropiación ilegal de sus inversiones en Venezuela, incluida la apelación de la decisión del tribunal francés ante el Tribunal Supremo francés y, si es necesario, el reenvío del caso al arbitraje para volver a determinar la cantidad de daños debidos”.
El conflicto entre la canadiense Rusoro y Venezuela se originó, justamente en 2011, cuando se firmó ese convenio señalado y la República Bolivariana asumió la explotación de las minas de oro del país a través de Minerven, empresa estatal. Rusoro, que disponía de varios yacimientos en el sureste del país acusó a Venezuela de expropiación y registró la demanda de arbitraje ante Ciadi el 1 de agosto de 2012.
La empresa suiza de inversiones Tempest más tarde cerró sus operaciones y fue liquidada. Su presidente Jonathan Faiman más tarde se dedicó a otras áreas de inversión. Luego de vender su participación, en 2009 saltó al negocio petrolero con GeoSolution, Inc. “que recopila y analiza datos geológicos para países y empresas que poseen recursos, para ayudarlos a decidir dónde deben perforar y qué pueden esperar cuando lo hagan”, explicó Faiman en una entrevista.
Por su parte, el banco UBS AG de inversión de Suiza, que operó como financista, recientemente fue demandado colectivamente junto a otros 4 bancos por 1.200 millones de dólares ante un tribunal londinense de Apelaciones de Competencia en nombre de fondos de pensiones, compañías de seguros y multinacionales que sufrieron daños materiales a causa de manipulaciones monetarias.
Los pagos secretos a Cuba
Desde PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas, a Rafael Ramírez también jugó un papel crucial para transferir dinero a cuentas del régimen castrista en Europa y Canadá, de acuerdo a documentos inéditos obtenidos por Primer Informe.
Según una comunicación dirigida por Ramírez al entonces presidente de Fonden, Jorge Giordani, Venezuela pagaba $205 millones trimestrales, unos $820 millones anuales, por los servicios de Barrio Adentro II, dentro del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.
De acuerdo al documento, firmado el 7 de diciembre de 2011, Ramírez, ordenó dividir el pago en seis partes, para ser depositados cada uno en un banco diferente.
El primer depósito, de $38 millones, fue transferido desde Fonden al Commerzbank AG, de Frankfurt, Alemania, en una cuenta en euros a beneficio del Banco Financiero Internacional S.A., controlado por Cuba.
El segundo depósito, de $30 millones, fue enviado al Danske Bank AIS de Copenhaguen, Dinamarca, también a la cuenta del Banco Financiero Internacional.
La tercera transferencia, de $34.5 millones, fue enviado al Banque Federative du Credit Mutuel, de París, Francia, en una cuenta controlada por el Banco Financiero Internacional.
Una cuarta transferencia por $36 millones fue realizada a una cuenta del Banco Internacional de Comercio, otra entidad bancaria controlada por La Habana, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en la sucursal de París, Francia.
El quinto depósito, de $31.5 millones, fue realizado en otro banco alemán, el Landesbanck Baden-Wurttemberg, de Stuttgart, a beneficio del Banco Internacional de Comercio.
El sexto y último depósito, de $31.5 millones, fue enviado esta vez a la cuenta del Banco Internacional de Comercio en el National Bank of Canadá, con sede en Montreal.
Se estima que Venezuela pagó en transferencias bancarias y envíos de cargamentos de crudo a Cuba más de $40,000 millones entre 2001 y 2018, de acuerdo a estimaciones del analista financiero venezolano Orlando Zamora.
Primer Informe no pudo confirmar si las cuentas cubanas donde Ramírez ordenó la transferencia de fondos se encuentran actualmente activas. Tampoco si las transacciones violaron sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos a operaciones financieras con Cuba.
El dinero depositado a Cuba era rápidamente sacado de las cuentas hacia otros destinos para evitar su congelamiento por parte de firmas de recuperación de fondos por deudas pendientes que Cuba nunca ha pagado desde que llegó Fidel Castro al poder, dijo a Primer Informe una fuente familiarizada con estas operaciones.
Los protagonistas venezolanos de tales operaciones financieras, Giordani y Ramírez, fueron clave para el soporte del gobierno de Chávez pero hoy están execrados de la revolución a partir de la llegada de Nicolás Maduro. Sin embargo los efectos de sus actuaciones todavía están causando daños a la República, reflejadas en la crisis económica sin precedente en el mundo con 6,8 millones de venezolanos en situación de hambre, según cifras la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y más de 4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo (cifras oficiales) según registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Vía: Primer Informe
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