La Justicia española aceptó iniciar una
investigación a ministros, funcionarios y empresarios venezolanos acusados de
"defraudación y apropiación del
patrimonio" de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
María Tardón
es ahora la encargada de dirigir la investigación contra una veintena de personas
físicas y sociedades mercantiles encabezadas por el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y el ex viceministro de
Desarrollo Eléctrico y expresidente de Corpoelec Javier Alvarado Ochoa.
Villalobos
fue detenido en dos ocasiones y actualmente se encuentra en libertad
provisional. Alvarado ingresó en prisión en mayo. Ambos continúan en España y han sido reclamados por Estados Unidos y
Venezuela.
Alvarado
también forma parte de otra investigación en curso en la Audiencia Nacional en
la que se le imputa a él, a otros altos cargos de Venezuela y al grupo español Duro Felguera por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo
de capitales.
La investigación
se enfoca en un contrato que Corpoelec adjudicó a la empresa asturiana. Para
hacer frente a la crisis eléctrica de 2010, el Gobierno de Hugo Chávez programó
la construcción de siete plantas; una de ellas, El Sitio, fue otorgada a Duro Felguera por más de 2.000 millones de
dólares.
Según la
Fiscalía venezolana, Alvarado y demás cargos investigados, "aprovechando su influencia en los círculos
de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación a contratos públicos".
Ahora, la Audiencia Nacional tendrá que determinar si el dinero saqueado ha
sido blanqueado en España.
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