La Audiencia
Nacional española sigue investigando a
ministros, funcionarios y empresarios venezolanos acusados de "defraudación y apropiación del patrimonio"
de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
La Justicia del
país ibérico persigue así a los presuntos
responsables del saqueo a la estatal encargada del sector eléctrico de
Venezuela que en los últimos años ha protagonizado apagones de hasta siete días en el país caribeño.
Tras esta
decisión, la Fiscalía Anticorrupción ha acordado redoblar los esfuerzos en su
investigación para probar que el dinero
invertido en España por los seguidores del régimen bolivariano procede de actividades ilícitas.
Según la Fiscalía
venezolana, Alvarado y demás investigados, "aprovechando su influencia en
los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación a
contratos públicos". Ahora, la Audiencia Nacional tendrá que determinar si
el dinero saqueado ha sido blanqueado en
España.
Entre la
lista de investigados destacan el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y el ex viceministro
de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Corpoelec Javier Alvarado Ochoa quienes, según las pesquisas, se valieron de
una veintena de testaferros y más de treinta empresas para movilizar el dinero proveniente de las arcas públicas venezolanas
en el Principado.
Desde el
Ministerio Público venezolano utilizaron dichos informes para acreditar que
existe una "organización criminal"
que ha operado de "manera directa y continuada" que se ha valido
"de un conglomerado de estructuras, poco transparentes" para crear sociedades internacionales.
Dicha
organización criminal contaría con una "estructura a partir de un reparto
de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que
algunos de los investigados tenían y desempeñaban" en compañías públicas
como Corpoelec y Bariven, filial de PDVSA. Esta última,
además, también fue presidida por Alvarado en 2011.
Los acusados,
según los informes de Andorra y Estados Unidos citados por los fiscales
venezolanos, crearon sociedades en
paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas para
operar su entramado.
La juez de la
Audiencia Nacional, María Tardón, también
señaló a los responsables de Swissinvest -Luis Fernando Vuteff, José Vicente
Amparán y Ralph Steinmann-, "quienes han creado en España sociedades de inversión inmobiliaria
con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por venezolanos", en
referencia a Columbus One Properties Hospitality Services SL.
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