Mientras
parlamentarios del régimen y la oposición defienden la aprobación de la Ley de Endeudamiento con la Corporación
Andina de Fomento (CVAF), por 350 millones de dólares para invertirlos en
el sistema eléctrico nacional,
especialistas como José Aguilar y Miguel
Lara alertaron sobreprecio en
las estimaciones, así como ejecuciones
innecesarias por el orden de los 140
millones de dólares.
Reporte Eléctrico comparte algunos datos y apreciaciones de
esta controversia que atrasa la posibilidad de mejorar la mermada calidad
de vida de los venezolanos que habitan en entidades como Zulia, Miranda, Los Andes, Caracas y Nueva
Esparta.
- El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Este último será el ejecutor y
administrador de los recursos financiados por la CAF al Estado venezolano,
de acuerdo con el proyecto de ley revisado.
- El
Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector eléctrico -un
documento elaborado por técnicos de la CAF,
Corpoelec y el Colegio de Ingenieros de Venezuela- estima la mayor
inversión en Zulia por un monto de 231.500.000 dólares.
- De esa
cantidad, 194 millones de dólares (55 % del préstamo total) estarían destinados
para la incorporación, en cinco meses,
de 240 megavatios en ocho unidades de Generación de Respuesta Rápida o unidades
de Fast Power, cuyas máquinas en el mercado internacional estarían por el
orden de 108 millones de dólares en total, según cotizaciones de fabricantes
como Siemens, General Electric y Mitsubishi. La estimación presupuestaria
presenta «sobreprecio», según indicaron los especialistas consultados José Aguilar y Miguel Lara.
-El diputado
de la AN, Enrique Márquez, advierte que «Las estimaciones
presupuestarias fueron hechas tanto por personal técnico de Corpoelec como por
personal del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la CAF que tienen
experiencia en el área. (…) Hablar de
sobreprecio es impropio e inadecuado. Tenemos una estimación para
garantizar la construcción del proyecto». Precisó que, además de la compra de
las turbinas, en los 194 millones de dólares se incluye las obras civiles y el pago a una empresa externa -ganadora de
una licitación que hará la Pnud- para que opere y dé mantenimiento a las
turbinas por tres años. «La intención es
que Corpoelec no maneje los equipos».
-Igualmente,
el parlamentario Oscar Ronderos
aseguró que dicho plan técnico incluye la compra
de unidades de Fast Power y la recuperación
de megavatios en plantas de Nueva Esparta, Mérida, Táchira y Miranda, es el
mejor, porque es en el que coinciden técnicos del Colegio de Ingenieros de
Venezuela y de Corpoelec.
-Entretanto, Daniel Rosas, especialista en
contrataciones públicas del IESA, explicó que no se puede considerar que
hay sobreprecio sino de una «sobreestimación
de costos» si las estimaciones elaboradas están muy por encima de los
precios reales que existen en el mercado.
-Por su
parte, Jesús Urbina, miembro de
Transparencia Venezuela, indicó que sí pudiera existir en los proyectos de
endeudamiento un «sobredimensionamiento
de la estimación del gasto». En ese caso conviene la figura de un contralor
Ad Hoc que sirva para hacerle auditoría a los mecanismos que se aprueban en la
AN para el ingreso de la cooperación internacional.
-Miguel Lara, exgerente de la Oficina de
Planificación del Sistema Interconectado no está de acuerdo con el plan ya
que considera «errado» proponer lo
que hace Corpoelec en los últimos años: «Compras
de equipos inconvenientes y similares a los que se han adquirido con
anterioridad con resultados negativos, ya
que funcionan transitoriamente y en corto tiempo se convierten en problema
y la crisis continúa acentuándose». Aseguró que el país dispone cerca de 800
megavatios en unidades de respuesta rápida y que no están disponibles. «Estas unidades son reparables en menor
tiempo y a costo mucho más bajo», especificó.
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