Una investigación de Provea en el año 2016 vaticinó un colapso eléctrico nacional, detallando actos de corrupción, en donde se utilizó el Sistema Eléctrico Nacional como fuente de los mayores "guisos"
Solo en proyectos destinados para el sistema eléctrico,
Venezuela desembolsó más de 29 mil millones de dólares desde el 2010, a pesar
de ello el país experimenta por segunda vez un marcado déficit de generación de
energía eléctrica que obligó la implementación de un programa de racionamiento
eléctrico inconsulto y no informado, que afecta el desarrollo empresarial,
comercial y el disfrute de un nivel de vida adecuado para los venezolanos.
La causa inmediata de la crisis argumentada desde el alto
Gobierno es una prolongada sequía que ocasionó que el agua en el embalse de la
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar alcanzara niveles muy bajos durante una
nueva ocurrencia del fenómeno climático de El Niño, pero el manejo de la crisis
tiene al menos dos antecedentes que cuestionan el uso eficiente, responsable y
transparente de los recursos destinados para paliar la “emergencia eléctrica” decretada por el
gobierno el 21 de diciembre de 2009, en el marco de la cual se creó un
ministerio y se asignó millones de recursos económicos.
A pesar de ello, proyectos como la Central Hidroeléctrica
Tocoma, prometida para 2012-2014 (10 turbinas entrando 3 por año) está diferida
la entrada de la primera turbina para el segundo semestre de 2016, ya serían 5
años de retraso. Tocoma, muy similar en ingeniería a Caruachi (2005), cuesta a
la fecha $12 mil millones vs. su costo original de $2.7 mil millones (ídem
Caruachi), debido a la inflación, las sucesivas devaluaciones, imprevistos y
retrasos de los contratistas.
Impunidad y corrupción
Un caso emblemático y ampliamente conocido por la opinión
pública venezolana que evidencia el manejo opaco y ventajoso en la asignación
de contrataciones destinadas a atender el sistema eléctrico lo representa la
empresa Derwick Associates, de acuerdo a la investigación realizada por el
periodista César Batiz, en octubre de 2009 la empresa suscribió con la
Electricidad de Caracas el contrato por 198 millones de dólares por el
equipamiento y construcción de la planta de Picure, sin tener experiencia en el
sector ni el requerido registro de empresa en Venezuela, ni siquiera estaba
inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Derwick a su vez subcontrató a ProEnergy, que ya había
ejecutado obras y vendidos equipos en Venezuela desde el año 2005, entonces asociada
con Pacific Rim Energy, cuyos propietarios son los empresarios del atún y la
tecnología, los hermanos Majed y Khaled Kalil.
Así, con ProEnergy como ejecutante en el campo y Derwick al
frente de las negociaciones con las instituciones venezolanas, la mancuerna
logró la asignación para construir 12 plantas, adecuar equipos en Nueva
Esparta, y para la venta de 42 turbinas, 81% de segunda y tercera mano traídas
de lugares tan disímiles como California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania. De
esta última se adquirieron cinco de una compañía en quiebra. La investigación
del periodista César Batiz logrò demostrar que todas eran reparadas para
cobrar como nuevas, con el conocimiento de funcionarios de las instituciones
venezolanas según demuestran papeles oficiales. Por las turbinas de Tanzania
ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de
Bariven –filial de Pdvsa– en Holanda salió una orden de compra por cuatro
máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia.
De acuerdo con el último reporte operativo oficial del
Sistema Eléctrico Nacional, al que se tuvo acceso el 2 de marzo de este año
(2015), solo tres de cada diez turbinas vendidas e instaladas por Derwick,
están disponibles. Las demás se encuentran paradas por mantenimiento o
desperfecto, o nunca entraron en operación, como es el caso de la planta A de
Sidor, con turbinas General Electric usadas y traídas de Estados Unidos.
Desde 2011 se ha señalado que el negocio de Derwick estuvo
en la venta de turbinas y equipos, pero los papeles revisados demuestran que la
gran ganancia la lograron en la Ingeniería, Procura y Construcción (EPC en
inglés) de las plantas, al separar hasta en tres partes los presupuestos,
renglón en el cual la empresa venezolana cobró casi el doble de losubcontratado con ProEnergy: 564 millones de dólares la estadounidense,
versus 1,1 millardos de dólares de la nativa.
Cuando llegó la emergencia eléctrica, decretada el 8 de
febrero de 2010 en medio de una gran sequía, surgió la propuesta de construir
dos plantas en esa zona del país donde se encuentra la principal central
hidroeléctrica de Venezuela, la de Guri. Sin embargo, los equipos destinados
para ese proyecto estaban comprados desde el 29 de diciembre de 2009. Ese día,
Energy Parts, una filial de ProEnergy, vendió a Derwick cinco turbinas, todas
usadas, por 138 millones de dólares. Como un acto reflejo, la empresa
venezolana facturó a la CVG 165,5 millones, un margen de 27,5 millones de
dólares en una sola movida.
Aunado a todo ello el Gobierno dejó de publicar lainformación periódica del sector eléctrico, relativa a sus indicadores de
gestión, desde noviembre de 2010. La opacidad y ausencia de rendición de cuenta
sobre los recursos manejados para contener la emergencia eléctrica ponen en
entredicho los argumentos gubernamentales que recaen sobre del fenómeno El Niño
y solo refuerza la tesis de que el origen del colapso eléctrico que enfrenta
hoy Venezuela es la profunda y sistemática corrupción que desvío recurso,
propiciando el desmantelamiento de la industria y una mala gestión, en palabras
del ingeniero electricista Miguel Lara,
ex gerente de Ingresó a la Oficina de Planificación del Sistema
Interconectado (Opsi), “ese parque que se compró no sirve, todo lo que se
instaló no sirve y lo que servía lo
dejaron echar a perder por falta de mantenimiento. Esa es la razón por la cual
no pueden dar el servicio”.
Estos hechos de corrupción han impactado negativamente en la
realización y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales,
precarizando de forma desproporcionada la calidad de vida de las personas
pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, en su mayoría,
habitantes de las comunidades más pobres del país. Los más pobres tienen menos
capacidad para defenderse frente a actos de corrupción, por lo tanto, cuando el
disfrute pleno de sus derechos se ve afectado por hechos de corrupción, se
refuerza la exclusión social a la que están expuestos. Al igual que ha ocurrido
en hechos de corrupción registrados en el sector alimentación y salud, el
desvío y malversación de recursos destinados al sector eléctrico, profundiza la
violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores
históricamente excluidos, comprometiendo el desarrollo de políticas, programas
sociales y estrategias destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la
población, entre ellas el acceso a servicios públicos de calidad, elemento
crucial para lograr reducir la pobreza.
Transparencia Venezuela y Provea, reiteran su exigencia a
las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República de
iniciar una investigación oportuna y transparente que conduzca a la sanción de
los responsables e impida que la impunidad sumerja en la oscuridad la vigencia
de los derechos sociales en Venezuela.
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