En un proceso de poco más de diez años las gestiones de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro, han aplicado políticas públicas que por ser tildadas
de una manera, fueron erradas, ya que se basaron en la centralización de los
entes eléctricos y en el intervencionismo, sentenciando al SEN al fracaso inminente.
(Reporte Eléctrico)
El Servicio Eléctrico Nacional (SEN), se convirtió en un
sistema ineficiente al servicio de ideales políticos e intereses financieros de
la revolución gobernante en Venezuela.
La destrucción del SEN: Una política de Estado
La destrucción del SEN durante las dos décadas de la
revolución bolivariana (1999-2019) ha sido estructural. Resulta difícil
demostrar si dicha destrucción ha sido planificada, pero lo que si podemos
demostrar, e intentaremos hacer a continuación es que todas las medidas tomadas
por el Gobierno, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro conducían de
manera inexorable a dicha destrucción. Las llamadas de atención, así como los
avisos sobre los riesgos que se acumulaban, estuvieron presentes a los largo de
estos 20 años. Las voces críticas nunca fueron atendidas y el sector fue
llevado al colapso por principios y prácticas crematísticas, de exclusión y
control del poder político.
El colapso del SEN se asocia a tres estrategias
concurrentes. La primera, la desinstitucionalización del sector y con ello la
pérdida de los mecanismos de control y rutinas operativas que impulsaban
conductas eficientes y actuaban como contrapeso en la toma de decisiones. La
segunda, desprofesionalización del servicio, y su sustitución por personal, en
muchos casos, sin ninguna experiencia en el sector y proveniente de fila
militares. La tercera, facilitada por los dos anteriores, la internalización de
prácticas altamente corruptas que no solo dilapidaron y permitieron la apropiación
de fondos públicos, sino que impulsaron la toma de malas decisiones de
inversión alejadas de la racionalidad técnica que caracterizaría un plan de
inversiones efectivo y eficiente.
La destrucción institucional del SEN
La estrategia de desmontaje del entramado institucional fue
una política deliberada del Gobierno, con el fin de instaurar una nueva
institucionalidad de la garantizar el control hegemónico y políticos sobre todo
el sistema. Dicha estrategia incluyó:
Estatización de todas las empresas privada (catorce) que
prestaban el servicio eléctrico y su centralización en un solo ente; Corpoelec,
responsable, bajo régimen monopólico, de todas las actividades del sector. Esta
decisión creó un monstruo de más de 40 mil trabajadores, con estándares diferentes
de trabajo, responsable de todas las decisiones de compra y contrataciones.
Incumplimiento del marco legal existente, aprobado por ese
mismo gobierno en 2001, y su sustitución por otro, aprobado en 2010 (Ley
Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico) en el cual se establece el modelo de
“gestión socialista” y ratifica a Corpoelec como único entre encargado de todas
las actividades en el territorio nacional, eliminando, taxativamente, la
participación privada.
Ruptura de la sostenibilidad financiera de las empresas
operadoras al mantener congeladas las tarifas eléctricas desde 2002 hasta 2017,
cuando se realizó un incremento tarifario importante con alzas que van de 216%
hasta 656%. El proceso hiperinflacionario que se desató en el país a partir del
2016, hizo irrelevante tales aumentos y destruyó el sistema de comercialización
del sector.
Eliminación del despacho de carga bajo criterios técnicos. A
finales der 2001 se revocó la potestad de Opsis de ordenar racionamientos
eléctricos con el fin de preservar y garantizar un manejo efectivo del sistema.
Después de 33 años de experiencia y desarrollo tecnológico, la decisión sobre
el despacho y los racionamientos pasaron a ser un asunto político en manos del
Ministerio, que no tenía ni experticia, ni instrumentos que le permitieran
realizar esta tarea de manera técnica y profesional.
Discrecionalidad y opacidad como norma operativa del SEN. En
febrero del 2010 se decretó la emergencia eléctrica que permitió a Corpeolec
adquirir, mediante la adjudicación directa y centralizada, el suministro e
instalación de obras de generación eléctrica, no necesariamente incluidas en el
PDSEN. Adicionalmente, desde su creación la persona designada, como ministro,
responsable por “el control sobre el ejercicio de la actividades para la
prestación del servicio eléctrico”, tuvo a su cargo la presidencia del
Coproelec, eliminando con ello la supervisión y control que dicho Ministerio
tiene sobre la corporación. Además, la ley estableció como delito la revelación
de “secretos concernientes a la seguridad” del SEN, con lo cual se profundizó
la opacidad el sector.
Militarización del SEN. En abril de 2013, bajo el segundo
Decreto de Emergencia el SEN fue militarizado, y todos los espacios geográficos
en donde se encontraban instalaciones eléctricas fueron declarados “zonas de
seguridad”. En tal sentido, se ordenó a los órganos de seguridad y a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FNB) la militarización del sistema eléctrico.
La secuencia de decisiones y acciones muestran el camino
seguido para erradicar la institucionalidad sectorial y consolidar una nueva, regida
por los principios de la llamada revolución bolivariana. Fue un proceso de más de diez años, a lo largo de
los cuales la centralización, el intervencionismo político y la opacidad en la
decisiones y sus impactos, transformó al SEN en un sistema altamente
ineficiente al servicio de los intereses políticos y crematísticos del gobierno
y del partido gobernante.
DESDE QUE METIERON A LOS CUBANOS EN ESO, TODO COMENZÓ A DETERIORARSE, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LAS INDUSTRIAS E INSTITUCIONES
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